México.- Pedro Joaquín Coldwell, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), rechazó que la acusación de lavado de dinero en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en Estados Unidos tenga «un sesgo partidario», en el marco de las elecciones presidenciales. Además, se pronunció porque se realice una investigación a fondo.
«Ciertamente se trata de un estado gobernado por el PRI (Tamaulipas), pero donde han competido todos los partidos políticos. Respecto al sesgo partidario, no tengo elementos para hacer una afirmación de esa naturaleza, cuando nosotros tenemos elementos para señalar que se utiliza a la justicia para fines políticos lo hemos denunciado» dijo, Coldwell cuestionado por Carmen Aristegui en MVS Radio en torno al caso del ex gobernador Yarrington, quien presuntamente recibió sobornos del cártel del Golfo y compró propiedades en EU con dinero ilícito.
El dirigente nacional del tricolor abundó: «No tenemos evidencias de un uso partidario, incluso es una acusación de otro país. Nosotros no vamos a inventar un complot, vamos a actuar con seriedad y entendemos la gravedad del caso».
De acuerdo con el expediente criminal B-12-435 de la Corte del Distrito Sur de Texas -del que EL UNIVERSAL tiene copia-, desde 1998 el cártel del Golfo «pagó grandes sobornos a funcionarios de alto nivel elegidos en Tamaulipas, así como a candidatos a dichos cargos en forma permanente», a cambio de protección para sus actividades criminales.
Los sobornos, detalla, «fueron pagados directamente a funcionarios corruptos de alto nivel y candidatos oficiales, así como a sus respectivos aliados, entre ellos autoridades policiacas y personas del sector justicia en el estado de Tamaulipas; estas prácticas ocurren desde principios de 1998 hasta el presente», y, aunque no se tiene el monto de las operaciones, se estima que éstas ascienden a varios millones de dólares.
Sin embargo, Coldwell criticó «la filtración periodística de una averiguación previa y la cuestiono, dijo, porque la ley prohíbe que las investigaciones se filtren, tienen un carácter confidencial porque en casos de delincuencia organizada, cuando se filtra el caso se pone en peligro la averiguación y el resultado es impunidad».
Además, el dirigente priísta rechazó que haya pactado un trato para evitar el «golpeteo político» durante alguna de las reuniones que ha tenido con el presidente Felipe Calderón. «El señor Presidente estuvo de acuerdo en que esto dañaría mucho al proceso y a la credibilidad de las autoridades de procuración de justicia».
LOS SOBORNOS Y YARRINGTON
El pago de sobornos para altos funcionarios y candidatos en Tamaulipas por parte del cártel del Golfo para garantizar la protección de la organización «ocurre desde 1998 y hasta la fecha», según la investigación en la que se identificó al empresario Fernando Alejandro Cano-Martínez, como uno de los lavadores de dinero que operaron para ocultar los sobornos que recibían los servidores públicos a través de ocho empresas instaladas en Texas, una de las cuales utilizó para adquirir 18 hectáreas de tierra en San Antonio, propiedad del ex gobernador Tomás Yarrington.
El proceso legal contra Yarrington y otros involucrados es resultado de una investigación de la multiagencia Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés) y fue conducida en Browsville, San Antonio, Houston y Corpus Christi, en Texas.
Ayer, Pedro Joaquín Coldwell pidió a las instancias priístas correspondientes suspender los derechos de militancia a Yarrington por la investigación en curso en EU, lo que esta mañana previó que sucederá «en los próximos días».
Agencia El Universal