Crear una fiscalía federal de atención a delitos contra transmigrantes y un fondo de ayuda humanitaria, que permita proteger sus derechos humanos, son figuras que el PRI propone agregar en la ley, con un respaldo sin antecedentes de seis gobiernos latinoamericanos y de liderazgos religiosos, como el del sacerdote Alejandro Solalinde.
Representantes de los gobiernos de Honduras, El Salvador, Panamá, Ecuador, Belice y Guatemala llegaron a la Cámara de Diputados ayer, en respaldo político de la iniciativa de reformas a la Ley General de Población, ante el pleno en San Lázaro, que suspendió su sesión por falta de orden.
Al respecto, el coordinador de la bancada del PRI, Francisco Rojas, afirmó que su grupo tiene la decisión de apoyar reformas que dejen atrás las prácticas y vicios que en la actualidad ponen en riesgo a quienes se aventuran a cruzar la frontera sur de México para tratar de llegar a EU, dijo.
Junto con los diplomáticos asistieron los sacerdotes defensores de los migrantes extranjeros en tránsito por el territorio mexicano, Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca, y Heyman Vázquez, de la casa Hogar de la Misericordia, en Arriaga, Chiapas, quienes expresaron que la iniciativa del PRI plantea fortalecer las acciones en protección de los derechos humanos de quienes entran a México para tratar de llegar a Estados Unidos.
Claroscuros legales
Solalinde, coordinador Pastoral de la Movilidad Humana de la Diócesis de Oaxaca, lamentó que los diálogos que hubo con el gobierno federal, el 17 de enero, a fin de proteger a las personas en tránsito, “tuvo respuesta con un operativo, el 22 de enero, en el que un hermano guatemalteco resultó mutilado de una pierna, porque los funcionarios federales no respetaron su palabra de no detener a nadie con el tren en marcha”.
El diputado Jorge González (PRI) propone en una iniciativa que por ley se cree un fondo presupuestal que destine recursos a estados, municipios y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la protección de los indocumentados.
El legislador advirtió que los transmigrantes están expuestos a secuestros, robos, extorsiones y a la trata de personas, lo cual afecta la vida, la dignidad y la integridad humana.
González estableció que aun cuando los extranjeros sean “inmigrantes irregulares en nuestro país, gozan de los derechos y garantías fundamentales que señala el artículo primero de la Constitución.
Ley para proteger
El Senado exhortó al Ejecutivo a crear la fiscalía especializada en prevención y atención de delitos cometidos en contra de migrantes.
El priísta Carlos Jiménez Macías recordó que el Senado “está a punto” de aprobar una nueva ley para regular y proteger a los migrantes mexicanos y extranjeros.
“Lo más grave de todo, lo que queda claro, es que en esta iniciativa que logramos firmar todos no podemos ser candil de la calle y oscuridad en la casa, en donde tratamos tan pésimamente a los migrantes.
“Tenemos que tener calidad moral para pedirle a Estados Unidos que trate bien a los mexicanos”, dijo el legislador.
Agencia El Universal
