El IFAI acusó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de intentar burlar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, luego de que avisó a una empresa que se le requerirían actas de inspección para que ésta se amparara en contra de una resolución del órgano.
Un ciudadano pidió a la Profepa copia de un oficio que expidió el subprocurador de Recursos Naturales a la empresa Desarrollos Punta la Paz, S. de R.L. de C.V., sin embargo, la dependencia decidió reservar dicho documento por tres años debido a que aún está en trámite.
El particular se inconformó con la decisión e interpuso un recurso de revisión ante el IFAI. Aquí el órgano de transparencia se dio cuenta que en este oficio la Profepa “alertaba” a dicha empresa para que “corriera a ampararse”, pues se solicitaba las actas de inspección levantadas a esa empresa, del año 2004 al 19 de mayo de 2009.
A pesar de que desde 2003 se cuenta con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para conocer “todo” lo que quieran acerca de más de 250 entidades de la Administración Pública Federal (APF), dependencias del gobierno federal han encontrado las “estrategias” para que de manera “legal” no transparenten la información solicitada o retrasen su entrega interponiendo amparos.
Los argumentos que las dependencias federales utilizan para no hacer pública la información solicitada, han cambiado y ahora ya no explican que está “reservada o inexistente”, sino han recurrido a avisar a “terceros” involucrados en la solicitud de información para que “corran a ampararse” antes de que venza el plazo en el cual se debe entregar la información.
Con esto, se retrasa la entrega de la información, o si el tribunal declara que es información clasificada, simplemente nunca se entregará y divulgará.
La comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, María Marván Laborde, aseguró: “Evidentemente son estrategias, que parten de la ley pero en el argot de los abogados se llaman chicanadas, es decir, con la ley en la mano, evitan que otra ley cumpla su objetivo”.
“Hay una resistencia de algunos sectores en especiales, de algunos temas en específico en donde ciertamente han desarrollado la imaginación para no entregar la información y ésta es una nueva estrategia”.
Los amparos, dijo principalmente son “para no entregar información que la dependencia considera que debería ser confidencial y que a veces tienen razón y a veces no”, pero “no es la única que lo ha hecho, lo tenemos detectado cuando se nos ampara el sindicato de Pemex, lo tenemos detectado en la resolución del SAT, es decir, en varias hemos presumido que esto puede estar sucediendo”.
Otras resistencias
En octubre pasado, el IFAI ordenó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) revelar los nombres y los montos de los ciudadanos a los que se les cancelaron y condonaron créditos fiscales en 2007; esta determinación generó que el SAT promoviera distintos recursos ante tribunales federales para no dar la información.
En paralelo, tres ciudadanos beneficiados con estos créditos, acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que intercediera y se mantuviera confidencial la información, bajo el argumento de que se violaban sus derechos en consecuencia el organismo envió un escrito al IFAI para que desistiera de la petición y mantuviera en reserva los nombres.
Por esto, los funcionarios de Hacienda no han revelado los nombres de los beneficiarios de estos créditos hasta la fecha.
Agencia El Universal