El derrame en el río Bacanuchi y que extendiera al Sonora, ocurrido el pasado 6 de agosto, «es producto de la improvisación y de la falta de infraestructura sólida por parte de la mina» Buenavista del Cobre, expresó el procurador Federal de Protección al Ambiente (Profepa) Guillermo Haro.
El funcionario explicó que la empresa minera, operada por Grupo México, no contaba con elementos que obliga la norma como un patio de emergencia de lixiviados, «que fue el que se vio rebasados» no sólo porque el agua de lluvia rebasó los límites, «sino por una mala infraestructura, una imprecisión que precipitó casi más de 40 mil metros cúbicos de desecho de lixiviado inicialmente al cauce del río Bacanuchi…».
Entrevistado en el noticiero de Joaquín López Dóriga, el titular de la Profepa manifestó que de inmediato entró la dependencia a revisar afectaciones y determinó algunas acciones inmediatas.
Aclaró que las sustancias derramadas fueron Cobre, Aluminio, Cadmio, Manganeso, Niquel y Plomo, «con lo que fundamentalmente trabaja esta mina, que produce.»
Señaló que, dado el gran cauce, es posible que «el impacto sea temporal y no llegue a representar un volumen o un ecocidio mayor al que tenemos detectados.»
Advirtió que, hasta este momento, «el agua contiene ácidos, es corrosiva pero no hemos todavía acreditado si existen riesgos para la salud. No los descarto, pero de momento únicamente tenemos una alerta prudente para evitar que esta agua pueda llegar a servir para tareas de campo, de la población.»
Haro Bélchez reveló que de las primeras investigaciones se determinó «que había límites superiores a lo permitido en las normas oficiales. De inmediato, se dio a la clausura del patio de lixiviados y se está iniciando el procedimiento en contra de la minera que pudiera llevar a una multa, tan sólo por las violaciones a la Ley de Gestión Integral de Residuos, de unos 50 mil salarios mínimos, que son aproximadamente tres millones de pesos.»
En tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que aplica una ley distinta, podría imponer una multa a la empresa minera una sanción por unos 20 mil salarios mínimos, equivalente a un millón y medio de pesos más.
Asimismo, la Profepa analiza iniciar un juicio por responsabilidad ambiental que pudiera llevar a una multa superior a los 40 millones de pesos. En tanto, preparan las denuncias penales que serán presentadas en los próximos días.
INF./GRUPO FÓRMULA
