• Hermética reforma financiera
• Limitarían a bancos “negocios en tesorería”
• Desarrolladoras abonan a la desconfianza
Está visto que Enrique Peña Nieto y su equipo de gobierno más cercano no se sienten a gusto con los actuales banqueros. Por primera vez, en muchos años, el presidente en turno, se dice, no se quedará a cenar con ellos después de inaugurar su convención anual, con el pretexto de que inicia una gira internacional.
Ya les habían hecho posponer la propia convención al privilegiar un viaje a China y se negaron a presentar la iniciativa de la reforma financiera en esa que es la máxima reunión anual del sector bancario. Quisieron desmarcarla de un “acuerdo” de pares y planearon hacerlo unos días antes como parte de las propuestas del Pacto por México.
Pero no podía faltar el pelo en la sopa, y en mala hora, salieron a la luz pública los “enjuagues” políticos electorales de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para venir a dar al traste al buen camino que llevaba el Pacto y la propuesta de reformas indispensables para el desarrollo de México como es la financiera, que tiene como uno de sus principales objetivos el fomento al crédito productivo, principalmente para las pequeñas y medianas empresas, y convertirlo en lo que debería ser: uno de los motores del crecimiento económico y la creación de empleos.
Como es conocido, se pospuso la presentación de la iniciativa de la reforma financiera que enviaría el gobierno federal como una de las propuestas consensuadas con el PAN y el PRD, debido al escándalo suscitado por las grabaciones y videos veracruzanos. La que no se suspendió fue la reunión previa en la tarde del lunes pasado, con la Asociación de Bancos de México (ABM) que en unos días presidirá Javier Arrigunaga, de Grupo Financiero Banamex, para presentarles la nueva ley por lo que ya no se pudieron evitar las filtraciones de información en los medios.
Hermética reforma
A reserva de conocer la iniciativa completa, no borradores, y analizarla con más detenimiento, destacan tres puntos. El primero es que una de las estrategias principales del gobierno para “fomentar” el crédito productivo, será el limitar la inversión de los bancos en bonos del gobierno federal para reducir sus “negocios de tesorería”, es decir invertir los ahorros del público por el que paga 1% y 2 % anual de intereses, en cetes y otros papeles gubernamentales que arrojan en promedio el 4%.
Con estos límites se busca que los bancos dirijan entonces los recursos al crédito productivo para hacer negocio con el diferencial entre las tasas pasivas y activas, pero sin abusar y “encajar el diente” a las pymes. Aquí todavía existen las dudas de cómo van a evitar que esos recursos se envíen al crédito de consumo, que es el que deja más ganancias.
El segundo, es que se le darán nuevas facultades a las comisiones Nacional Bancaria (CNBV) y de Valores y a la de Defensa de los Usuarios de los Servicios Bancarios (Condusef). En el primer caso hay que poner mucha atención. Se asegura que la CNBV vigilará contablemente que los bancos ejerzan, como concesión del Gobierno Federal, su función de otorgar crédito.
Si no lo hacen, se asegura, serían amonestados y en caso de incurrir en el “error”, se les retiraría la autorización para operar como intermediario financiero. En el segundo caso se afirma que se le pondrán “más dientes” para que pueda sancionar los abusos y las deficiencias en la transparencia y atención del público.
El tercer punto y que sí es abiertamente pro bancario, es muy delicado pues se trata de armar un esquema judicial que castigue el no pago. Se habla de tribunales especiales para resolver más rápido los juicios entre bancos y deudores con problemas de pago, la pronta adjudicación de garantías de pago e incluso de hasta detenciones expeditas de los clientes emproblemados.
Como ya lo habíamos anotado en este espacio, esperemos que esto último no genere movilizaciones de grupos de deudores y nuevos líderes políticos como el inefable Gerardo Fernández Noroña.
Lo que todavía sigue en el aire es el papel de los intermediarios financieros no bancarios, que son los reales competidores del esquema oligopólico de la banca en México. Tanto la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), la que agrupa a las sofoles y sofomes más grandes del país, como la ConUnión de las uniones de crédito y las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), han sido ignorados en esta reforma financiera.
Desarrolladoras, desconfianza
Mientras la multicitada y anunciada reforma financiera entró en un nuevo impasse por el jaloneo entre los partidos políticos, que han tomado de rehén ahora al Pacto por México, instrumento político que hasta hace unos días le había funcionado bastante bien tanto al gobierno del Presidente Peña Nieto para aprobar las reformas educativa y de telecomunicaciones, así como a los partidos políticos (PAN y PRD) que se publicitan como grandes hacedores de la democracia, la demanda de recursos financieros para catapultar a al economía sigue en aumento.
Se supo que precisamente la banca comercial demanda, al menos, 52,000 millones de pesos del Programa de Garantías de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) para apoya la construcción de vivienda en el país. Esta cifra es tres veces mayor a los 15,000 millones de pesos que en un principio puso el gobierno federal en ese fondo para apoyar a los descalabrados constructores de vivienda, que no alcanzan a salir de su crisis. Incluso hay quienes, de plano, piden ya un rescate por parte del apá gobierno.
Y aunque el gobierno federal ha dado señales claras de apoyo a la industria, por ejemplo, anticipando que una proporción elevada (entre 80% y 90%) de la reserva territorial de las empresas constructoras de vivienda podría ser incorporada en los programas de apoyo y el programa de garantías para la construcción de vivienda, impulsado por la SHF, el mercado ha mostrado sus dudas en cuanto a la capacidad de las empresas constructoras de vivienda que cotizan en Bolsa para adaptarse al nuevo modelo.
Los anuncios de parte de las propias empresas, sobre incumplimiento de pagos de intereses en bonos emitidos, y reestructura de deuda con acreedores, simplemente abonan a este entorno de desconfianza.
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*Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Derecho.