· Temores de inversionistas
· Peña vs Peña
· Eruviel no puede
El Programa Nacional de Vivienda (PNV) anunciado el pasado lunes 11 por el Presidente Enrique Peña Nieto deja, en principio, muchas dudas debido a la poca claridad de los cambios que podría sufrir el sector en los próximos años.
Según describió el mandatario, su plan de vivienda en este sexenio se basa en cuatro estrategias clave: consolidar la política de vivienda y que su coordinación quede a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); reorientar los créditos y subsidios a la vivienda al fomento del crecimiento urbano ordenado (inteligente y sustentable); reducir el rezago de vivienda (estimado en nueve millones de hogares), impulsando «un millón de acciones» (de lotificación, construcción, ampliación y mejora de viviendas), incluyendo más de 500 mil nuevas construcciones; y conceder créditos para la mejora de viviendas (320 mil «acciones») para procurar viviendas «dignas» a los mexicanos.
El uso del término «acciones» proviene de la anterior administración, la cual también llevó a cabo un millón de «acciones» por año, de las cuales aproximadamente 700 mil fueron hipotecas (viviendas nuevas y ya existentes) y el resto, principalmente subsidios.
Lo que queda claro, al menos en esta etapa descriptiva del modelo de vivienda que impulsará el gobierno federal, es la continuidad del esquema adoptado en la pasada administración, pues el plan reitera anuncios hechos en el pasado y mantiene el énfasis en la sustentabilidad y reducción del rezago de la vivienda fomentado por la anterior administración.
La concesión de créditos para la mejora de las viviendas tampoco es una estrategia nueva y, aunque no se mencionó de manera prominente, tampoco lo sería el aumento de los créditos para las compras de viviendas ya existentes para promover su reventa.
Aunque se ve y se nota una gran continuidad en la política nacional de vivienda del Presidente Peña Nieto, el problema se encuentra en los detalles (en este caso, el riesgo de ejecución para las constructoras). Y, lo que es más importante, el jefe del Ejecutivo Federal enfatizó que las constructoras dispondrán de 24 meses para adaptarse a las nuevas regulaciones.
Temores de inversionistas
Los temores de los inversionistas sobre el PNV parecen centrarse en tres riesgos importantes: subsidios reducidos y reorientación de fondos a trabajadores no afiliados; énfasis en el desarrollo urbano sustentable, lo cual podría dejar obsoletos los actuales bancos regionales rurales; incertidumbre sobre la SEDATU, un nuevo organismo de supervisión que podría aumentar la burocracia y dificultar la ejecución de las constructoras.
Con estos elementos, por supuesto que el anuncio del programa de vivienda no cayó nada bien en los mercados financieros, lo que provocó ese día una caída generalizada en el precio de las acciones de las vivienderas de casi 4%. Para algunos analistas, la reacción negativa a las acciones del sector de la vivienda es injustificada.
Si bien es cierto que cualquier transición representa riesgos para las constructoras, no se ve por qué, según los especialistas, las acciones del sector deberían reaccionar negativamente al anuncio, pues hay continuidad en las prioridades y un fuerte énfasis en un periodo de transición para las constructoras de vivienda. La reducción planeada de subsidios de 9,000 millones de pesos en 2012 a 6,000 millones en 2013 se anunció hace meses, y la reorientación a trabajadores no afiliados abre un nuevo mercado para las constructoras.
El énfasis retórico, dicen los especialistas, es en el desarrollo urbano, además de que la supervisión de la política nacional de vivienda bajo un marco de desarrollo agrario y una economía básica de vivienda asequible sugiere que es improbable que se produzcan deterioros en el valor de los terrenos.
Como quiera que sea, el discurso del Presidente deja por el momento poca claridad de los cambios que podría sufrir la industria de la vivienda en los próximos años y aunque parezca que la reacción del mercado ha sido injustificada, lo que evidenció es la fragilidad del sector y de que existe poco apetito de los inversionistas por él, aunado a reportes corporativos que continuarían débiles, y lo que podrían ser nuevos retos para la industria.
¿Peña vs Peña?
Analistas políticos y financieros se preguntan si ya llegó a tal grado la animadversión entre la Asociación de Banco de México (ABM) y el gobierno de Enrique Peña como para que le pongan de contraparte, en la próxima presidencia de la asociación, al director general del banco que ha incurrido en el mayor lavado de dinero procedente del narco.
Definitivamente no son los mejores tiempos en las relaciones banca – gobierno. Por un lado tenemos que los bancos insisten en que se aplacen los tiempos para aplicar las reglas de Basilea III, a los cual no han tenido respuesta positiva por las autoridades hacendarias, quienes más bien han respaldado a la estrategia precautoria diseñada por Agustín Carstens, gobernador del Banco de México.
También tenemos otro roce en cuanto a la continua crítica que hace el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, en el sentido de que si bien contamos con una banca fuerte y bien capitalizada, no distribuye como debiera el crédito a las empresas, sobre todo a las medianas y pequeñas, lo que es indispensable si queremos un país con un mayor crecimiento económico y del empleo.
Y como si no fuera suficiente, los bancos también están inmersos en la gran polémica de la reformas a de la eliminación o no de la figura de la suspensión en el juicio de amparo, solidarizándose principalmente con las empresas del sector telecomunicaciones, léase los monopolios televisivos.
Por lo pronto, Javier Arrigunaga, director general de Grupo Financiero Banamex, mandó a decir que no lo den por muerto para suceder a Jaime Ruiz Sacristán en la presidencia de la ABM, y otro que también alzó la mano es Luis Niño de Rivera de Banco Azteca para competir con Luis Peña, director general de HSBC.
Eruviel no puede
Suenan con más frecuencia tanto en el Estado de México como en la capital del país las versiones que se está analizando la forma y la persona para sustituir al gobernador mexiquense, Eruviel Avila, a raíz de la crisis de inseguridad y violencia que ha azotado a la entidad en los últimos meses. Se dice que el presidente Enrique Peña no está nada a gusto con lo que está sucediendo en el estado que lo catapultó a la Presidencia de la República.
Pero lo más grave es que el sistema de procuración de justicia del estado se encuentra en el peor momento de su historia. Si a usted lector necesita levantar una demanda por haber sido víctima de uno o varios delincuentes, debe que tener la paciencia de un enfermo del IMSS o del ISSSTE.
Un lector de esta columna y del portal y suplemento de El Economista, El Futuro en su Hábitat, nos reporta: “El pasado sábado 9 de febrero fui asaltado con mi familia en el municipio de Nezahualcóyotl, a las 22:15. Me robaron mi auto y afortunadamente no fuimos agredidos. Hablé al 066 para reportar el robo y ahí me tomaron unos datos para radiar el coche, y me dieron un teléfono para que hiciera la denuncia. Cuando hablé, me dijeron que no tenían sistema, que estimaban que como en 2 horas regresaría, y sí, como a eso de las 12:30 de la madrugada, me llamaron para decirme que ya tenían sistema y ya pudo hacer la denuncia por teléfono, y me dieron un folio citándome para el 24 de abril. El agente de la aseguradora me comentó que me fue bien, porque ha sabido casos en que tardan hasta 2 días para tomar la denuncia”.
Y si bien la Familia Michoacana ya extendió su dominio a la tierra del Grupo Atlacomulco, también la delincuencia “no organizada” compite abiertamente en la zona conurbada del Valle de México, y para muestra tenemos otro botón que son los constantes asaltos que sufren los estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, plantel Aragón, ubicada también en el municipio de Nezahualcóyotl.
Definitivamente debemos recordar la frase de Alejandro Martí: “¡Si no pueden, renuncien!”. Además de que Eruviel Avila nunca fue el candidato de Enrique Peña para sucederlo en la gubernatura. Se dice que fue una concesión a la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, y a Arturo Montiel, también exgobernador del Estado de México, brillantes ejemplares de la políticas mexicana.
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*Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Derecho