· A disposición 5,000 mdp
· Espionaje cibernético en empresas
· Otra de Sare y su mala racha
Los más avezados y optimistas propagandistas del sector público y privado, dicen, y lo repiten una y otra vez, que todo está puesto para que el crédito en México fluya tal cual lo demanda la economía para su crecimiento: estabilidad monetaria y fiscal, finanzas públicas sanas, manejo prudente de éstas, alto nivel de reservas, confianza de los inversionistas, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿por qué muchas empresas padecen de la astringencia de créditos y la economía no crece si todo está en orden?, se preguntan a su vez los escépticos e incrédulos analistas y empresarios afectados por la falta de recursos, debido a que no pueden acceder al financiamiento bancario para seguir operando.
Se estima que en México existen más de 3.5 millones de empresas que aun siendo formales no son reconocidas por los bancos como sujetos de crédito empresarial. ¿Y sabe por qué? Por el simple hecho de que más del 80% de éstas unidades económicas tiene un promedio de vida de tan sólo dos años, lo que, desde la óptica de las instituciones crediticias, esto se traduce en un elevado riesgo para la recuperación de lo prestado.
El gremio bancario ha planteado que un punto elemental para que el crédito fluya a un mayor número de empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, es que existan condiciones reales y acciones jurídicas, sin “chicanas”, para que la recuperación de garantías sea rápida, pues tal como está la legislación actual cuando algún cliente cae en mora o simplemente se “echa” para no pagar, el proceso judicial para el cobro es lento y se sabe de casos que llevan hasta un lustro, o sea cinco años y la cuenta corre, lo que provoca que el financiamiento sea selectivo y se encarezca.
De ahí que en el sector económico y financiero se vive una gran expectación por conocer lo más pronto posible la iniciativa de reforma a las leyes financieras, que se enmarca en el compromiso número 63 del Pacto por México y que, de acuerdo con versiones extraoficiales, traerá algunas sorpresas, además del rescate de las pymes que ya se anuncia.
Se supone que la reforma buscará incentivar las oportunidades de crédito mejorando el marco regulatorio del sistema financiero y atenderá las necesidades de desarrollo del mercado, para que exista más crédito y éste sea más barato, manteniendo una banca sólida.
En esto la banca de desarrollo tendrá una participación más activa, focalizada en la oferta de opciones de crédito con impacto directo en el desarrollo del país y que contribuya, por un lado, a la inclusión financiera y, por el otro, a abaratar el crédito.
De entrada Nacional Financiera anunció ya que pondrá a disposición de las pymes, vía la banca comercial, 5,000 millones de pesos, distribuidos en dos programas. El primero, denominado “Garantías para el fomento de la inclusión financiera”, pretende disminuir el riesgo crediticio de los bancos privados y con ello incentivar el otorgamiento de financiamiento a más pymes.
El otro programa titulado “Rediseño de garantías para reducir las tasas de interés del crédito PYME”, está dirigido a empresas ya bancarizadas, cuyo historial crediticio debe ser reconocido por la banca para que mejore sus condiciones de crédito. El nuevo esquema de garantías busca que la banca comercial compita para captar a las pymes, ofreciéndoles mejores condiciones en tasa, lo cual estará por verse.
Se espera que de un momento a otro el Ejecutivo envíe al Poder Legislativo la iniciativa de reforma financiera correspondiente.
Espionaje cibernético
Una de cada diez empresas en México sufrió un delito cibernético en los últimos 12 meses y de éstos el 86% se vinculó a fraudes, pero además de la modificación de estados financieros y contables se presentaron innumerables casos de robos de información sensible y de identidad.
Así lo revela un estudio de la consultoría Salles Sainz Grant Thornton, el cual comenta que la falta de inversiones en seguridad informática, concentración de información, ausencia de registros visibles, fácil eliminación de evidencias, dificultad para proteger los archivos electrónicos y desconocimiento, son algunos factores que explican el incremento de los delitos cibernéticos.
La información se encuentra almacenada en los sistemas y equipos informáticos de las organizaciones y del personal de las mismas. De ahí el avance del ciberespionaje que se efectúa con fines económicos y políticos en empresas de diferentes giros y tamaños.
Bases de datos de clientes y proveedores estratégicos, procesos y políticas, proyectos de producción e innovación, estrategias de mercado, organigramas, balances financieros y estados contables son algunos de los datos que el 60% del personal se apropia cuando se marcha a otra empresa o lo despiden.
“No sólo eso. En el 90% de los casos documentados de fraude empresarial se detectó que al menos un empleado estuvo involucrado”, refiere el estudio.
El documento revela que Nuevo León, Distrito Federal, Estado de México y Baja California figuran a la cabeza de las entidades donde se reporta el mayor número de delitos cibernéticos en el país y aunque el principal activo de las organizaciones es la información, en las empresas mexicanas se destina menos del 1% de los ingresos en seguridad y administración de riesgos tecnológicos, lo que contrasta con el 5% que invierten en economías desarrolladas.
Sigue mala racha de SARE
La desarrolladora SARE, una de las más emblemáticas constructoras de vivienda en México y cuyas acciones se cotizan en el mercado de valores, no alcanza a salir de su mala racha financiera, pues apenas un par de días atrás anunció que decidió diferir el pago de 8 millones de pesos correspondientes a los intereses de sus certificados bursátiles.
El pago, según informó a los inversionistas bursátiles, lo realizará dentro de su periodo de gracia (cinco días hábiles).
Curiosamente, la decisión de la constructora de vivienda no impactó en su calificación porque las calificadoras e inversionistas ya incorporan la incertidumbre respecto a la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, aún dentro del período de gracia para el pago de intereses.
Eso sí, la calificadora Standard and Poor´s dejó en claro que la perspectiva de SARE sigue siendo negativa, además de que podría bajarle la calificación a Incumplimiento Selectivo (SD, siglas en inglés para Selective Default) si la empresa no cumple con el pago de sus intereses dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que debió realizarse dicho pago (periodo que concluye el 8 de abril).
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*Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Derecho.