México, D.F.- A pesar de que entre los siglos XVI y XIX, el analfabetismo imperaba en la población de la Nueva España, los archivos de la Santa Inquisición muestran que la lectura de libros prohibidos se consideraba uno de los delitos más peligros de la época; ¿circularon esas obras?, ¿quiénes las leían?, ¿qué castigos sufrieron?, ¿cómo se desarrollaba la censura?, estas interrogantes son exploradas por el historiador Abel Ramos Soriano en el libro Los delincuentes de papel, presentado en la Dirección de Estudios Históricos (DEH) del INAH.
La publicación, coeditada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Conaculta) y el Fondo de Cultura Económica (FCE), es resultado de una ardua investigación de los expedientes que el tribunal católico hizo de cada uno de estos objetos “transgresores”.
Durante la presentación del libro, los historiadores Antonio Saborit, Eduardo Flores Clair y Gabriel Torres Puga, coincidieron en señalar que se trata de un trabajo historiográfico de gran valía, minucioso y paciente, que logró organizar y analizar una inmensa cantidad de documentos históricos relacionados con la reglamentación, los edictos y la distribución clandestina de obras bibliográficas coloniales.
A través de las pesquisas que Abel Ramos acumuló desde 1979, cuando se incorporó como investigador al Seminario de las Mentalidades, de la DEH del INAH, se visualizan las tendencias de los principales delitos castigados por la Santa Inquisición, durante el periodo de su gestión en la Nueva España, entre 1571 y 1820.
Para ese tiempo, el historiador del INAH comentó que se determinó la existencia de un pequeño círculo de personas involucradas con la censura y/o lectura de los libros condenados por la Corona española y la Iglesia católica, no todos clérigos, pero sí pertenecientes a las altas esferas sociales de la política, el clero y la milicia.
Con base en el número de expedientes registrados por el Santo Oficio, el delito de libros prohibidos es ubicado por Abel Ramos Soriano en el sexto lugar de una lista de 118 infracciones, ventiladas ante la Santa Inquisición novohispana en el siglo XVIII y principios del XIX, sitio que está después de la bigamia y poligamia, la solicitación, las proposiciones heréticas, la blasfemia y las supersticiones, y antes que la violencia, el robo y el asesinato.
En su obra, el autor narra que su investigación comenzó en los archivos inquisitoriales, donde buscó los edictos que el Santo Oficio promulgaba periódicamente, para dar a conocer las normas que debía guardar la sociedad; encontró que el control de los libros fue uno de sus objetivos principales, sobre todo en el siglo XVIII, incluso se topó con algunos edictos que eran prácticamente listas de libros que no debían leerse.
“En los edictos registré alrededor de 150 títulos prohibidos en la Nueva España y poco más de 2,000 en las listas de la Santa Inquisición, pero lo más importante es que en esos documentos se conjuntan algunas características de las obras condenadas y las razones por las que se prohibían”.
Luego de anotar el título, los datos del autor y las características formales de cada libro, el historiador del INAH se dedicó a estudiar los orígenes geográficos de esas ediciones y detectó 170 lugares de impresión en países europeos; la gran mayoría de las publicaciones eran extranjeras, escritas en latín, italiano o francés,
En este sentido, Ramos Soriano amplió su investigación para saber cómo llegaron a América, cuáles eran las acciones llevadas a cabo por las autoridades españolas para controlar la circulación de los escritos, la censura y la reglamentación, qué tipo de obras eran, su distribución, y cómo eran los lectores y las personas involucradas en el tránsito de libros prohibidos.
Para determinar lo anterior, empezó a estudiar los expedientes integrados por la Santa Inquisición para cada título, donde se narran todas las diligencias llevadas a cabo con motivo de una denuncia.
Abel Ramos comentó que si bien existen muchos estudios sobre libros prohibidos, hay muy poca información sobre lo que dicen los expedientes en los que quedaron asentadas las historias de varios “ejemplares que fueron delatados, juzgados, condenados a muerte y a la hoguera”, como sucedía con los criminales, de ahí el título: Los delincuentes de papel.
El historiador puntualizó que muchos de los libros estaban escritos en lenguas distintas al español, de modo que la historiografía tenía que comprobar si realmente circularon y se leyeron en la Nueva España; aunque advirtió que muchos estudiosos consideran que en realidad no circulaban, porque eran años de analfabetismo en la mayor parte de la población.
“Al estudiar los expedientes vemos lo que sucede en realidad: quienes poseían los libros eran personajes importantes, funcionarios de la Corona, oficiales del ejército, clérigos de jerarquía, comerciantes y libreros. Existía un mercado negro y hubo diferentes maneras de introducirlos a la Nueva España, ardides en los que estaban de acuerdo autores, libreros y lectores.
“A veces la importación era abierta, los comerciantes entregaban alteradas las listas de inventario a las autoridades portuarias, y cambiaban el título de las obras o sus portadas, otras veces escondían los ejemplares en el fondo de sus maletas o debajo de la ropa”.
En Los delincuentes de papel, el autor señala que los lectores de las obras prohibidas eran quienes estaban en contacto con la cultura escrita, pero sobre todo quienes tenían acceso al poder ideológico, económico, político o social de la Nueva España; el mundo indígena estaba excluido a esas fuentes, y sólo encontró a tres mujeres implicadas: María Gertrudis, Francisca y una dama anónima.
Pero los libros no sólo circulaban de manera física, también de viva voz, dice el historiador, porque hay testigos que declaran haber conocido tal publicación porque oyeron que un señor se lo contaba a otro, o platicaban de tal libro en una tienda, en una tertulia, como sucedía en la casa del cura Miguel Hidalgo, donde se representaban obras francesas de escritos prohibidos. Varios de los involucrados en la Independencia de México eran seguidores de este tipo de obras destacó Ramos.
La celebré obra Histoirie Philosophique, de Reynal, considerada “anticolonialista y anticlerical” involucró a varios funcionarios del gobierno civil, militares y comerciantes de la Nueva España en asuntos inquisitoriales. Otros libros condenados fueron Decameron, de Bocaccio, y las obras de los filósofos ilustrados Voltaire, Diderot y Rousseau.
En la presentación del libro, el historiador Eduardo Flores Clair recordó que durante el siglo XVIII el enemigo a vencer fue la Ilustración, la enorme producción literaria de la época fue calificada como nociva para la sociedad y, sin embargo, algunas de las obras prohibidas siguen gozando de la simpatía del público, como La Celestina y Lazarillo de Tormes, El Contrato Social, de Rousseau, o Virtud, y Los infortunios de la virtud, del Marqués de Sade.
