El pasado 23 de noviembre se aprobó la Ley General de la Economía Social y Solidaria en México, un hecho sin precedente por la trascendencia e implicaciones que dicha ley tendrá para la generación de empleos y el crecimiento económico en el país. A pesar de todos los obstáculos que encontró en la Cámara de Diputados, finalmente se votó a favor de la misma; lamentablemente, su aplicación hoy depende de la publicación o el veto que de ella haga el Presidente de la República, Felipe Calderón.
La nueva LGESS es reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de nuestra Constitución Política; con ella, y por primera vez en la historia del país, se reconoce al sector social de la economía, diferenciándolo del público y el privado, como un sector cuya razón de ser no es la generación de ganancia y el lucro, sino la satisfacción de los socios, el mejoramiento de las comunidades y el desarrollo para el país.
La nueva Ley fue aprobada en la Cámara de Diputados —con la mayoría de las fracciones parlamentarias excepto la del PAN—, en ella se reconoce la importancia y trascendencia estratégica de los organismos de la economía social y solidaria, al tiempo que se fomenta e impulsa su fortalecimiento, con el fin de que siga ayudando y amplíe su participación en las diversas actividades económicas del país, ya que con su visión se podrá construir un futuro de desarrollo y crecimiento con inclusión social.
Cuando hablamos de las implicaciones de la ley es porque estamos convencidos que los beneficios para la sociedad mexicana serán inmediatos: se generarán más fuentes de trabajo dignas, se contribuirá al fortalecimiento de la democracia y la construcción de ciudadanía, se propiciará una distribución más equitativa del ingreso y una mayor generación del patrimonio social material, además de que se fomentará el espíritu emprendedor. Asimismo, se trabajará para que los organismos de la economía social brinden alternativas ante mercados dominados por monopolios, con altos costos de los productos y servicios, pero con bajas calidades.
Cabe destacar que la nueva Ley establece la responsabilidad del Estado en el impulso de la economía social y solidaria; ésta consta del acompañamiento de los organismos federales en la elaboración de políticas públicas, que busquen desarrollar capacidades de producción y de innovación, que permitan satisfacer demandas locales, pero también que propicien la inserción en los mercados globales de manera exitosa.
Para cumplir tal propósito se creará el Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria, como un organismo administrativo desconcentrado y adscrito a la Secretaría de Economía (reestructurándose FONAES), el cual contará con autonomía técnica, operativa y de gestión y centrará sus acciones de fomento en tres pilares básicos: proveer el acceso al capital, suministrar acceso al mercado y facilitar el acceso al conocimiento. Cabe destacar que la consecución de estos objetivos será siempre vigilada por los organismos del sector y por las instancias de supervisión de la administración pública.
A pesar de todas las bondades que esta nueva ley puede generar tanto para los mexicanos como para el país, a pesar de la participación de organismos del sector en la elaboración de la misma, así como del respaldo de múltiples actores de la vida pública de México, algunos funcionarios del gobierno federal —que desde el inicio mostraron su desacuerdo en reglamentar una normatividad de fomento y participación ciudadana del sector social— han hecho público su descontento con su aprobación (por unanimidad en el pleno de la Cámara de Senadores, en las dos comisiones de diputados y por mayoría en el Pleno de Diputados, sólo votando en contra en lo particular el PAN) y pretenden generar una opinión negativa de la Ley en el Presidente de la República, con el fin de que la vete.
Estamos a unos días de conocer si las palabras del presidente Felipe Calderón de apoyar a más mexicanos, de propiciar oportunidades para todos, de trabajar por el desarrollo económico del país son sólo discurso o en verdad hay un compromiso tangible. Hoy, en manos del Ejecutivo está el impulso o el veto de esta ley, en sus manos está el impulso y apoyo a los mexicanos emprendedores o su negativa a apoyar el desarrollo de la economía social. Veremos.