•La presidenta del TSJ, María Eugenia Villanueva Abraján, participó en el Primer Encuentro Nacional Anticorrupción de
Legisladores Locales, Comités de Participación Ciudadana y Fiscales Anticorrupción.
“El combate a la corrupción es una demanda ciudadana y un desafío latente para las diversas instancias gubernamentales, cuyo fin último debiera ser la gobernabilidad democrática y fomentar la integridad como principio rector de las instituciones del estado”, así lo manifestó la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJEO), al hacer uso de la voz en la inauguración del Primer Encuentro Nacional Anticorrupción de Legisladores Locales, Comités de Participación Ciudadana y Fiscales Anticorrupción, organizado por la 64 legislatura local.
Ante la presencia del secretario de la Contraloría, José Ángel Díaz Navarro, quien acudió en representación del gobernador del estado, de diputados locales y representantes de comités de participación ciudadana y fiscalías anticorrupción, la titular del PJEO, expuso que a cuatro años de haberse publicado la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno, es necesario analizar si esta modificación constitucional alcanzó las expectativas o es preciso hacer ajustes para un combate eficaz y eficiente.
Villanueva Abraján indicó la importancia de hacer realidad la transparencia, autonomía e independencia de las fiscalías y tribunales, para que puedan contar con herramientas que permitan sancionar las faltas cometidas por las y los servidores públicos, así como también es relevante poner en marcha el sistema de declaraciones patrimoniales y de intereses de autoridades y funcionarios para que actúen con ética y respeto al derecho.
Igualmente, declaró que los procedimientos penales en el ámbito de la responsabilidad de los servidores públicos deben dejar de ser instrumentos políticos en los que al final no se sanciona ni se obtiene resarcimiento de los daños causados al patrimonio estatal. “Debemos, en conjunto, mejorar la regulación que permita hacer trámites breves, investigaciones que se apeguen a los principios del debido proceso y hagan respetar los derechos de las y los ciudadanos” apuntó la presidenta del TSJ.
Derivado de lo anterior, el PJEO seguirá uniendo esfuerzos institucionales para que el actuar de los organismos públicos hacia el combate a la corrupción pueda ser socializado de forma adecuada entre la ciudadanía, tal es el caso de la también participación que tuvo este órgano judicial en la Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca (SECCO), a la que asistieron los titulares de las siete instituciones integrantes de este órgano colegiado, entre ellos el presidente de la Comisión de Vigilancia, Información, Evaluación y Transparencia del Consejo de la Judicatura, magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera.
