El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam advirtieron que en Michoacán se aplicará la ley sin distingos de nombre, raza o credo.
En rueda de prensa conjunta, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo señaló que aunque “hubo determinada tolerancia para una situación específica en Michoacán, el acuerdo se basó en que a partir de este momento, se aplicaría estrictamente la ley”.
Esto, al referirse al caso de la detención del líder de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles Valverde, quien actualmente se encuentra recluido en un centro de alta seguridad en Hermosillo, Sonora.
“Quien no la cumpla, llámese como se llame, sea de la reza que sea o tenga el credo que quiera, será sancionado y sometido a lo que la ley señala, eso es lo que sucedió” puntualizó el funcionario federal.
Precisó que en el caso de Mireles, se cometió un delito claro al estar armado en términos que la ley no lo permite, por lo que fue consignado ante un juez para que sea quien determine si existe la responsabilidad, por lo que enfatizó en que esa es la acción que debe emprender el Estado como garante de respeto a la ley y en el caso del gobierno de la República “se está tratando de hacerlo a plenitud” agregó.
En el mismo sentido declaró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong ante los medios de comunicación, quien además aseguró que a través de los resultados, principalmente en Michoacán, se ha ido recuperando la confianza de la ciudadanía, tanto en las corporaciones de seguridad, como en las instituciones.
“Cuando todo este proceso de diálogo y de acuerdos se viola, entonces se entra en otra circunstancia, que es a la violación del Estado de Derecho que éste gobierno no va a permitir” enfatizó.
Asimismo, recalcó que han escuchado los comentarios que se han vertido en las redes sociales, sin embargo reiteró que para el gobierno federal es muy claro y simple que cuando se comete un delito se tiene que entrar a un proceso penal, como resultado de las acciones propias, situación que sucederá con cualquier persona en el país.