El Senado aprobó, en lo general, reformas a ordenamientos con el fin de reforzar medidas antimonopólicas —hasta con 10 años de cárcel— y que inciden en las facultades de la Comisión Federal de Competencia (CFC).
Los cambios dan a la CFC el carácter de órgano descentralizado —actualmente es desconcentrado— para darle autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, procurando garantizar la independencia de sus decisiones.
Las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal y del Código Fiscal de la Federación enfrentaron al PAN con el bloque PRI-PRD-Convergencia y PT.
La reforma se aprobó, en lo general, con 55 votos a favor del bloque PRI-PRD-Convergencia-PT, frente a 53 votos en contra por parte del PAN, además del senador Ericel Gómez Nucamendi, de Convergencia, los independientes Leticia Jasso y Rosalía Peredo, y los senadores del PVEM Arturo Escobar, Francisco Agundis, Jorge Legorreta y Manuel Velasco, y una abstención, la perredista Rosalinda López.
En la discusión en lo particular, el paquete de más de 20 artículos reservados no se pudo concluir, al decretarse la falta de quórum. Esta opción fue usada por el PAN, pues algunos senadores se abstuvieron de votar, ante la inminente aprobación de las reformas, sin posibilidad de hacer cambios, por la mayoría PRI-PRD.
Se prevé que mañana continúe el análisis de los artículos reservados, con lo que la minuta regresaría a la Cámara de Diputados debido a los cambios realizados por los senadores.
El aval se vio antecedido por un intenso debate entre PRI y PAN. Senadores panistas como Juan Bueno, Rubén Camarillo, Santiago Creel y Alejandro Zapata coincidieron en que el PRI busca avalar un dictamen que tiene procedimientos difíciles de cumplir para emitir las medidas cautelares cuando se presuma la existencia de un monopolio.
El discurso de PRI se centró en que se debe agotar un procedimiento para determinar las prácticas monopólicas.
El panista Rubén Camarillo dijo que deben estar felices los cabilderos, porque se podrá abusar de los consumidores con prácticas monopólicas. Lamentó que el PRI haya cambiado la minuta de la Cámara de Diputados.
Con el dictamen de la comisión de Comercio y Fomento Industrial que preside el priísta Eloy Cantú, dijo Camarillo, será casi imposible comprobar una práctica monopólica, mientras que el PRI dijo que los panistas buscan debilitar al empresariado, aplicando sanciones sin completar el proceso de investigación.
Con la reforma, las sanciones aumentan e irán desde prisión de tres a 10 años a quien realice prácticas monopólicas absolutas.
Aumentan las multas, que podrán llegar hasta los 10 millones 342 mil 800 pesos, a quienes hayan coadyuvado a cometer prácticas monopólicas, y de 11 millones 492 mil pesos, a quienes directamente hayan participado en esas prácticas.
El resto de las sanciones se aplicarán a través de un régimen de porcentajes de acuerdo con la capacidad del agente económico, con elementos como los ingresos acumulables o los gravables. La CFC podrá solicitar a las autoridades hacendarias la información fiscal de los agentes económicos.
Las reformas abren la puerta para que los delitos por estas prácticas sean perseguidos en el ámbito penal, a través de denuncia o querella de oficio.
Con lo aprobado, la CFC no podrá suspender probables prácticas monopólicas o probables concentraciones prohibidas, a fin de evitar que se dañe, disminuya o impida la competencia durante la tramitación del procedimiento.
Con su resolución, la CFC deberá definir las medidas de suspensión adoptadas.
Los senadores aprobaron el mecanismo de terminación anticipada al prever que la CFC pueda resolver el asunto sin imputar responsabilidad o bien imponer una sanción de hasta la mitad correspondiente cuando el agente económico se comprometa a suspender la práctica monopólica.
La reforma permite a la CFC realizar visitas de verificación a empresas, encabezadas por servidores, y a solicitar el auxilio de la fuerza pública, para comprobar un posible acto monopólico.
Abre la posibilidad de que el probable denunciante o responsable solicite a la CFC una audiencia oral, con el objetivo de realizar las aclaraciones pertinentes.
Además se aprueba un mecanismo de ratificación por parte del Senado para los comisionados, que durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección. El presidente de la CFC será electo por los comisionados y durará en su encargo un año, de manera rotativa, conforme al orden de mayor antigüedad.
La reforma introduce la figura de “poder sustancial conjunto” que se refiere a la posibilidad de que dos o más agentes económicos, de manera conjunta, sean capaces de imponer condiciones en el mercado sin que los demás competidores puedan contrarrestar dicha acción, que servirá de referencia para analizar si hay prácticas que atentan contra la libre concurrencia y la competencia.
Agencia El Universal
