El Senado de la República rechazó crear una comisión especial que investigue el tráfico de bases de datos del Instituto Federal Electoral (IFE).
En el dictamen de la Comisión de Justicia, que preside el panista Alejandro González Alcocer, se argumentó que en ningún ordenamiento legal el Senado puede crear comisiones especiales de investigación “que atiendan aquello que se refiera a la probable existencia o consumación de delitos”.
Y que en caso de crear un órgano investigador podría interpretarse como una “injerencia” sobre otro poder.
Los senadores de la comisión coincidieron en que los grupos de trabajo especiales son creados solamente por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, es decir, por los líderes de las fracciones parlamentarias.
En este caso la petición fue realizada por el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, el pasado 22 de abril.
La solicitud del legislador Monreal Ávila se basó en dos reportajes publicados por EL UNIVERSAL con fechas de 19 y 21 de abril del año pasado.
En los textos periodísticos se reveló que bases de datos que contienen información personal de millones de mexicanos están a la venta en 12 mil dólares en el barrio de Tepito, en la ciudad de México; el tráfico de bases de datos alcanzó al padrón electoral de todo el país, el registro de todos los vehículos y de licencias de conducir, entre otros “productos”.
Además, que los datos personales de millones de mexicanos han sido extraídos de manera masiva, tanto de dependencias públicas, como de empresas privadas, y puestos a la venta en internet, como datos de tarjetas bancarias, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y catastro, con precios que van desde los 500 pesos, hasta los 50 mil dólares por “padrón”.
Sin facultades
Sin embargo, la Comisión de Justicia del pleno del Senado de la República consideró que como institución, carece de “facultades para crear comisiones especiales de investigación”.
Esto, a pesar de reconocer la importancia de las “obras implícitas en el tema que se analiza”.
“Sin embargo, ninguno de estos órganos del Congreso dentro de la atribuciones o facultades que constitucional y legalmente se les han asignado en el derecho positivo, tiene competencia para plantear la integración de grupos de trabajo que se dediquen a darle seguimiento a denuncias de hechos que pudieren llegar a constituir delitos”, se lee en uno de los resolutivos de dicho dictamen.
Investigación corresponde a MP
La Comisión de Justicia del Senado informó que es inadmisible atribuirse la facultad específica de investigación, que por su propia naturaleza corresponde de manera exclusiva al Ministerio Público de la federación.
Otro argumento es que el Senado se encuentra limitado a la competencia que le otorga la ley, y “no puede ir más allá”, y que el IFE en su momento presentó una denuncia de los hechos.
Además, el Senado de la República argumentó que las comisiones especiales de investigación que se han creado, se han centrado en el trabajo de las autoridades encargadas de investigar ciertos hechos, como en los hechos ocurridos en la mina de Pasta de Conchos.
El dictamen del pleno también señala que esas comisiones especiales carecieron de sustento jurídico, y por su indudable interés público, se centraron en el seguimiento de las investigaciones emprendidas por las autoridades competentes en cada caso, es decir, sobre hechos concluidos y no sobre posibles eventos futuros.
Agencia El Universal