El Senado de la República concluye el año con reformas de gran calado en los ámbitos energético, político-electoral, hacendario, financiero, educativo y de telecomunicaciones, acciones que marcarían un nuevo paradigma en el sistema político y económico nacional.
Las reformas, aprobadas en su mayoría por consenso, también furon ocasión para debates intensos y en ocasiones ríspidos como en el caso de la Reforma Energética, avalada entre protestas de organizaciones de izquierda y con la oposición del PRD y del PT.
Esa reforma, aprobada el 10 de diciembre en el Senado de la República, modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, para permitir los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y otros hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo de la nación.
La enmienda, que se aprobó con 95 votos a favor y 28 en contra, establece en el Artículo 27 que tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación será inalienable e imprescriptible y «no se otorgarán concesiones».
Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, agrega, «ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria».
Añade que los hidrocarburos en el subsuelo serán propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Además, el régimen transitorio especifica que dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico para «regular las modalidades de contratación que podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia».
En el Artículo 28, la reforma dispone que «no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva» en las áreas estratégicas de «exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos», así como en «la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de electricidad».
La Reforma Política-Electoral, aprobada el 13 de diciembre, modifica diversos artículos de la Constitución en materia política-electoral, a fin de modernizar al Estado mexicano y fortalecer la democracia.
La enmienda, que se envió a los congresos estatales para su ratificación, propone la transformación del IFE al Instituto Nacional Electoral (INE), el aumento a tres por ciento del umbral para mantener el registro de partidos políticos y atribuciones del Congreso de la Unión para emitir las respectivas leyes generales.
En el rubro político, fija la posibilidad del Presidente de la República para establecer un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos representados en el Congreso y la reelección de legisladores y de ayuntamientos.
También, la autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del Ministerio Público de la Federación; en este sentido, prevé que la PGR se transforme en la Fiscalía General de la República.
Asimismo, se aprobaron reformas para el combate a la anticorrupción, donde se incluyen cambios a los artículos 73, 107, 109, 113, 114 y 116 de la Constitución para reforzar el combate contra la corrupción en el servicio público de los tres órdenes de gobierno.
Esta propuesta recibió el respaldo de 111 senadores, dos votos en contra y dos abstenciones y se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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