La diputada Margarita García García y el diputado coordinador Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT, solicitaron a los jueces de Distrito de Oaxaca que prevalezca la justicia y realicen una correcta interpretación del marco legal en materia laboral en favor de los empleados del gobierno de la entidad.
Con este objetivo presentaron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, publicado en la Gaceta Parlamentaria, en el que explicaron que el 11 de diciembre de 2024 la LXVI Legislatura del Congreso de Oaxaca emitió el decreto número 24 en donde se suprimen con efectos inmediatos, mil 344 plazas administrativas pertenecientes al gobierno de Oaxaca y no se explica razón alguna por la cual se apoya la supresión de las plazas. El documento entró en vigor el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.
Además, denunciaron, no permite a los titulares de estas plazas tener un derecho de audiencia para ser escuchados, por lo que quedaron en un estado de indefensión de sus derechos sociales como son el trabajo, la retribución de sus salarios, aguinaldos y demás, en consecuencia, la pérdida de su trabajo.
Tampoco, agregaron, se les dio la opción de poder ocupar una plaza igual o semejante a la suprimida o bien la elección de la indemnización legal.
“Se violentan diversos derechos sociales de los empleados del gobierno de Oaxaca, tales como a la estabilidad del empleo, el derecho a la salud de ellos y sus familias y el derecho a una vivienda en los casos de los trabajadores que hayan ejercido su derecho a acceso a créditos habitacionales”, acusaron.
En ese sentido, señalaron que las y los legisladores de Oaxaca ignoran el criterio de la Suprema Corte de Justicia que emana de la Tesis aislada número 173 mil 992 que determina que la supresión de plazas viola la garantía social de estabilidad en el empleo, prevista en el artículo 123, Apartado B, Fracción IX constitucional.
“Determina que, en los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley, por lo que los trabajadores se encuentran en un estado de indefensión siendo negados a un debido proceso, generando incertidumbre y afectaciones en su patrimonio familiar”, concluyeron.
NGM
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