El ministro Juan Silva Meza, un juez con más de 30 años de carrera caracterizado por sus posturas liberales y en defensa de los derechos fundamentales, se convertirá a partir de hoy 3 de enero en el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por un periodo de cuatro años.
De acuerdo con información recabada en el máximo tribunal del país, antes del periodo de receso que inició el 15 de diciembre pasado, Silva Meza logró reunir el apoyo de la mayoría de sus compañeros para ser designado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la elección que se realizará este lunes 3 de enero.
Previo a la elección, salvo que algo hubiera cambiado en las vacaciones, la única duda que existía en el pleno era respecto a si se generaría un ambiente de unidad en torno su persona o si un grupo minoritario rechazaría darle su apoyo, aunque con esta acción no se modifique el resultado final.
Desde el 6 de diciembre pasado, Silva Meza, al presentarle a sus compañeros sus líneas de trabajo en caso de ser electo, reconoció que el país vive un contexto marcado “por la urgente necesidad de revertir la desigualdad social, de mejorar los niveles de seguridad pública y de abolir la impunidad.
Para ello, les dijo, “se requiere de juzgadores que cumplan su misión como garantes de los principios y ordenamientos contenidos en la Constitución Política y en las leyes que de ella emanan, para, a través de sus resoluciones, generar más orden, tranquilidad, estabilidad y paz sociales”.
Penalista de formación, profesor por vocación en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Silva Meza forma parte de los cuatro ministros de la actual integración que llegaron al alto tribunal desde hace 15 años, gracias a la reforma de 1994.
En su trayectoria destaca su ejercicio como juez de Distrito Especializado en Materia Penal, su paso como magistrado de Circuito y como magistrado del Primer Tribunal Electoral, en el Tribunal Federal Electoral (Trife).
Aspirante único
Desde hace cuatro años, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reguló el proceso de sucesión presidencial. En el artículo 29 de su reglamento interior se estableció que los ministros que estuvieran interesados en competir por el cargo deberían hacer pública su aspiración en los primeros cinco días de diciembre pasado.
Al vencer dicho plazo, el único que hizo pública su aspiración de competir por la presidencia de la Corte de Justicia fue precisamente Silva Meza. Pese a este hecho y contrario a lo señalado en el reglamento, el pleno dejó abierta la posibilidad de que otro ministro anunciara posteriormente sus aspiraciones de competir o de que el día de la elección todos los integrantes del pleno pudieran votar por alguien más que no fuera Silva Meza.
Al terminar el periodo de sesiones ningún otro ministro hizo pública su intención de competir por el cargo.
Para ser designado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Silva Meza solamente requiere del voto de seis de los 10 ministros que actualmente integran el pleno, ante la ausencia de un integrante por el fallecimiento del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo y ante los problemas registrados en el Senado para la designación de su sustituto.
Tiene seis votos amarrados
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se afirma que el ministro Silva Meza cuenta con los seis votos que requiere para alcanzar la mayoría, pero se ignora si la minoría, al final, lo apoyará o si, aunque sea de manera simbólica, votará por alguien más.
En el proyecto de gestión que elaboró Silva Meza destacan sus propuestas de lograr que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiendan a proteger cada vez más los derechos fundamentales de la población, de estrechar los vínculos con la sociedad y de buscar un manejo más eficiente y austero de los recursos administrativos del Poder Judicial.
Para lograr esta misión, dijo: “Es impostergable reafirmar nuestro compromiso con la transparencia judicial, procurando que, con respeto a los más altos estándares de racionalidad jurídica, nuestras resoluciones sean claras y accesibles. Es fundamental continuar consolidando una administración moderna y racional de los recursos públicos asignados, como un componente fundamental del compromiso con una impartición de justicia transparente y abierta a la rendición de cuentas”.
Agencia El Universal