Dicho está que la corrupción es la columna vertebral del viejo y nuevo sistema político. La única diferencia es que antes robaban de manera limitada, pero ahora los gobernantes y políticos de la partidocracia lo hacen de manera escandalosa, sin llenadera alguna.
La imposición de la cláusula democrática en los tratados de libre comercio con la Unión Europa y, luego con Estados Unidos y Canadá, fue determinante para que el priista Ernesto Zedillo entregara la presidencia a los panistas por conducto de Vicente Fox.
Por supuesto, que a ello contribuyó de manera preponderante el creciente hartazgo de los mexicanos con el saqueo de los capitales nacionales por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, a partir del populismo socialista de Luis Echeverría Álvarez.
Claro, que el arribismo trepador de los tecnócratas con el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado detonó la corrupción a niveles escandalosos nunca antes imaginados agravado, posteriormente, por la llegada a la presidencia de los ‘Chicago boys’ neoliberales.
Las cíclicas crisis recurrentes desde 1976 con la primera devaluación del peso frente al dólar, el ‘efecto tequila’ por ‘el error de diciembre’ en 1994 pasando por el eufemístico deslizamiento del peso que rompió la barrera de los 20 pesos por dólar, ha hundido a México.
Falló rotundamente la genial sabiduría del líder vitalicio de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fidel Velásquez al sentenciar: “A balazos llegamos y sólo a balazos nos sacarán”. Aunque no vivió para verlo, se equivocó, les sacaron los votos.
De ahí que ante el alto riesgo de volver a perder la presidencia de la República en 2018 para subsistir al PRI no le queda de otra que intentar combatir la corrupción en sus filas, como se comprometió hacerlo en su toma de posesión como líder nacional, Enrique Ochoa Reza.
La pregunta obligada es si, realmente se trata de una acción permanente y a fondo o de otra más de las simples maniobras perversas de simular, lo que no se hará, más que de manera selectiva por venganza política. Necesario es, por tanto, concederle el beneficio de la duda.
Como quiera que sea, resulta altamente positivo para la salud de la república que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, se esfuerce por ser congruente con su compromiso de combatir la corrupción, asumido durante su toma de posesión.
En principio, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI suspendió la noche del pasado lunes los derechos del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y seis funcionarios y ex funcionarios de su Gobierno como militantes de ese partido por afectar gravemente la imagen del mismo.
La resolución fue aprobada por unanimidad por los siete integrantes del órgano jurisdiccional al interior del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, quienes sesionaron a puerta cerrada durante poco más de una hora.
La sanción contra el gobernante veracruzano fue aplicada, luego de recibir denuncias en su contra por violaciones estatutarias y acusaciones de presuntos actos de corrupción. La suspensión de 17 derechos de militantes, que no tiene temporalidad, es una medida cautelar que responde a denuncias de Armando Barajas y César Mora.
El procedimiento contra el gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa y sus más cercanos colaboradores y ex colaboradores continúa y podría llegar a la expulsión. En total fueron seis las determinaciones que consideró la Comisión de Justicia Partidaria aplicar también al exdirector jurídico de la delegación Federal en Veracruz de la Secretaría de Desarrollo Social, Juan Carlos Rodríguez García.
Así también, al exsecretario del Trabajo, exoficial Mayor de la Secretaría de Educación, exsubsecretario de Finanzas y exsecretario de Acción Electoral del PRI en Veracruz, Gabriel Deantes Ramos; exdelegado federal de la Secretaría de Economía, José Antonio Chara Mansur Beltrán, y al exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita.
Los notarios públicos en la entidad, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez, también, fueron sancionados.
Duarte ha sido señalado por saquear y dejar en quiebra las finanzas de Veracruz, por la contratación de empresas fantasmas, enriquecimiento inmobiliario y por miles de millones de pesos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que no han sido solventadas y que derivaron ya en denuncias penales.
Desde la semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo las investigaciones en contra del gobernante que fue calificado como «un lastre» por quien fuera candidato del PRI a la gubernatura veracruzana, Héctor Yunes Landa.
La resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria fue tomada, luego de conocer el proyecto de resolución elaborado por una subcomisión, basado en la denuncia interpuesta por el priista César Mora Velázquez.
Éste último ha sido miembro de la Comisión Permanente, consejero político municipal, estatal y nacional, secretario general del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP) y Fundador de la Corriente Social Participativa, organización adherente al PRI.
La suspensión de derechos puede ser el primer paso para la expulsión de Javier Duarte de Ochoa de las filas del PRI, que podría proceder en caso que sea sentenciado por autoridades judiciales o en caso de que el tricolor compruebe las acusaciones de Yunes Landa, en el sentido que el Gobernador operó a favor de otro partidos político en los comicios del 5 de junio.
Para que Javier Duarte pueda ser expulsado, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI deberá otorgarle derecho de audiencia y valorar las pruebas aportadas por el denunciante.
Ante este panorama que no solo lavaría la cara al PRI, sino que representa una jugada maestra para reposicionarse en el indignado ánimo nacional, obligado es preguntar si la nomenklatura permitirá a Ochoa continuar el combate a la corrupción o le ejecutará, pues ha recibido ya amenazas.
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