Zarkozy contraataca. Su proceso, humillante y “grotesco”, responde a intereses políticos. Así se expresa en una intervención televisiva previamente grabada que se emite esta tarde. El único expresidente de la República francesa arrestado durante 18 horas para testificar sobre un caso de corrupción, ha salido de su mutismo para defenderse ante una opinión pública todavía consternada por el insólito procedimiento contra un exjefe del Estado -según nota de El PAÍS-.
Y lo hace con los argumentos que han esgrimido sus partidarios y la beligerancia que caracteriza al político. El ex presidente acusa de “instrumentalización política” a una parte de la justicia, tacha de parciales a las dos jueces que le han imputado y se indigna por el hecho de que sus conversaciones telefónicas, interceptadas por la policía, hayan sido distribuidas a la prensa.
El martes 1 de julio fue una jornada dramática para Sarkozy. Tras declarar durante 15 horas en la sede central de la policía judicial de delitos económicos y financieros, en Nanterre (próximo a París), el exmandatario fue conducido ante los jueces que, lejos de aliviar el peso de los pesquisas que le persiguen, decidieron después de tres horas imputarle por tráfico de influencias y violación de secretos y, además, añadir un tercer cargo: la corrupción activa.
Este último se corresponde con la presunta voluntad del expresidente de corromper a magistrados del Supremo para que le informaran de los detalles de las instrucciones en curso contra él a cambio de favores, como el de conseguir un puesto en Mónaco para el magistrado también imputado Gilbert Azibert. Los delitos son castigados hasta con entre cinco y diez años de cárcel y multas de entre 150.00 y 750.000 euros.
La imputación de Sarkozy ha causado un auténtico seísmo en Francia, donde sus partidarios insisten en que se trata de una persecución para cerrarle el paso en su camino —aún no oficial ni declarado— de regresar a la primera línea de la política. Sería un paso importante para su formación conservadora, la UMP (Unión por un Movimiento Popular), sumida en una crisis financiera y de liderazgo debido a los casos de corrupción que le salpican.
La suegra de Sarkozy, Marisa Bruni Tedeschi, se alineó con esta tesis expresándola abiertamente en una entrevista a La Stampa: “Le quieren partir las piernas para que no vuelva”.
En su propio país, Sarkozy se encontró con una ayuda inesperada y quizá incómoda. La líder del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, recordando que ella es abogada, como el propio Sarkozy, se manifestó extrañada por el tratamiento recibido por el antiguo inquilino del Elíseo. “Parece una instrucción más empeñada en humillarle que en investigar lo sucedido”, declaró a la cadena BFM.
Es la misma tesis que maneja el propio Sarkozy que, ya a finales del pasado año, comparó a la policía francesa con la Stasi de la antigua Alemania del este por la persecución a la que le tiene sometido.
A primeras horas del miércoles, con Sarkozy de vuelta a casa tras una noche infernal ante la justicia, ya se perfilaba públicamente la línea de defensa que seguramente acordó con su abogado Thierry Herzog, también imputado, y que después desgranará en su alocución televisiva. Tanto él como sus partidarios cuestionan la imparcialidad de las jueces que instruyen su caso. Se da la circunstancia de que una de ellas, Claire Thépaut, fue miembro del Sindicato de la Magistratura, alineado con la izquierda. Según Sarkozy, también la otra magistrada, Patricia Simon, es miembro del mismo sindicato.
La otra línea de defensa la ha lanzado también a primera hora el decano de los abogados de París, Pierre-Olivier Sur. En declaraciones a France Info, se mostró indignado y “estupefacto” por el escándalo que supone que la policía haya grabado conversaciones mantenidas entre él mismo y el abogado de Sarkozy, el también imputado en este caso Thierry Herzog. La posibilidad de la anulación de las escuchas telefónicas, base de la imputación de Sarkozy, era una hipótesis manejada durante toda la jornada en todos los frentes. “Es increíble que se intercepten las conversaciones entre un abogado y otro”, insistía el decano.
La fiscalía se ha apresurado a aclarar que la instrucción del caso se ha desarrollado correctamente, mientras que el presidente de la República, François Hollande, hizo una pequeña declaración tras el consejo de ministros recordando la división de poderes y la presunción de inocencia de todo imputado. También el primer ministro Manuel Valls insistió sobre el mismo particular.
Pero la honorabilidad de Sarkozy está más que en entredicho, por mucho que ayer declarara solemnemente no haber cometido jamás “un acto contrario al Estado de Derecho” ni haber «traicionado la confianza de los ciudadanos». En todo caso, el ex mandatario añadió: «De demostrarse alguna irregularidad, asumiré todas las consecuencias».
Sarkozy está siendo investigado por siete casos de presunta corrupción. Hoy mismo, el vespertino Le Monde vuelve a la carga, desvelando nuevos datos sobre uno de los escándalos que le salpican. Se trata del caso Tapie, también bajo investigación, debido a la indemnización de 403 millones que el gobierno de Sarkozy adjudicó a su amigo, el empresario Bernard Tapie por una supuesta venta irregular de la marca Adidas al Crédit Lyonnais.
El testimonio del que fuera su mano derecha -secretario general del Elíseo y ministro de Economía e Interior- Claude Guéant, imputado en este escándalo, es demoledor para Sarkozy. Confirma la estrechísima amistad que unía a Sarkozy y Tapie, cómo se llegó a encargar desde la presidencia de la República un sondeo sobre la imagen pública de Tapie y cómo el empresario hablaba con su amigo el presidente para, por ejemplo, hacer pasar los mensajes que le interesaban aprovechando una entrevista en televisión.
La indemnización otorgada a Tapie se realizó a través de un arbitraje que, según los jueces, fue un total simulacro. Ahora, Guéant ha contado a la justicia, según Le Monde, que Sarkozy y Tapie incluso se reunieron el mismo día en que la comisión de arbitraje tomó la decisión que tanto benefició al empresario. La exministra de Economía y actual directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha tenido que testificar por este asunto.