Ciudad de México.- La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) pagó un excedente superior a 2 millones 104 mil pesos a la esposa, el chofer y el secretario particular del ex rector José Lema como finiquito de la labor realizada entre 2005 y 2009 en la Rectoría General, debido a que en la liquidación fueron promovidos a cargos de funcionarios para los cuales no tenían los estudios mínimos requeridos, denunció la Auditoría Interna de esa institución.
Con los recursos asignados a esos tres trabajadores pudieron haberse financiado las becas de 260 jóvenes de licenciatura durante un año.
Aun cuando así se reportó como resultado de un análisis realizado por el auditor interno, Cristóbal Ortiz, desde diciembre de 2009, el caso no ha sido sancionado.
Aunque la actual administración reconoce que en ese proceso ocurrieron “irregularidades”, hasta ahora el caso “está congelado” debido a que Lema Labadie “actuó conforme a lo que establece la Ley Orgánica que son sus atribuciones y funciones, donde él puede entregar estímulos, hacer promociones y entregar bonos a los trabajadores de la institución”, señalaron funcionarios de la Rectoría.
En el artículo 33 de dicha ley, se establece que “el rector general hará, en los términos de las normas y disposiciones reglamentarias, las designaciones o remociones del personal académico, técnico y administrativo que no estén reservadas a otros órganos de la Universidad”.
Además “no existe mandato institucional que obligue a darle seguimiento. Tampoco creemos en que la cacería de brujas o la persecución sean procedimientos para irse de cabeza cuando hay temas en los que en una transición de administración (cuando sucedieron los pagos) se tienen temas como el reparto presupuestal, la negociación para la creación de nuevas unidades, el crecimiento de la matrícula y las negociaciones para el incremento presupuestal”, planteó un funcionario de la Rectoría General.
Presiones económicas.
Hace un par de semanas, EL UNIVERSAL publicó un diagnóstico solicitado por la SEP en el que se señala que más de 20 instituciones en el país tienen finanzas en situación “crítica” debido a la presión económica que implica el pago de pensiones, jubilaciones y prestaciones, al mismo tiempo en el que los rectores de las universidades autónomas de Tamaulipas y de Puebla hacen uso de aviones para su traslado.
Ahora, en la UAM se han hecho públicos los doc
umentos CAI.419, 420 y 421 expedidos por el auditor interno, Cristóbal Ortiz, el 4 de diciembre de 2009 —tan sólo tres días después de que el actual rector asumió el cargo—, en los que se detalla el proceso de promoción de cargos que hizo Lema Labadie en esos tres casos.
Funcionarios de la Rectoría informaron que Luz Irasema Cruz Taumori es esposa del ex rector Lema Labadie y que se desempeñaba como jefa de oficina de Proyectos Especiales.
En el primer oficio de resultados de la supervisión del auditor, se señala: “Con fecha 27 de febrero de 2006, el secretario general Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia, otorgó a la trabajadora de puesto de asesor nivel 8, modificando su puesto anterior, que era de jefe de sección con adscripción en la Coordinación de Extensión Universitaria de la Unidad Iztapalapa, autorizado por el entonces secretario general Dr. Ricardo Solís Rosales, que venía incluido en su anterior propuesta de fecha de 10 de marzo de 2005”.
Agrega que la documentación de Cruz Taumori “no cubre las características escolares que requieren los puestos”.
Puestos sin sustento.
En el análisis, la Auditoría Interna señala que a la esposa del ex rector no le correspondía un finiquito ni como asesor o jefa de sección, sino como “secretaria ejecutiva”, esto es de 535 mil 911 pesos y no los 996 mil 56 pesos que se le entregaron en un cheque del Banco Santander. El excedente en el pago, señala la Auditoría fue de 460 mil 144 pesos para la esposa del ex rector.
De Francisco Luna Rojas y Francisco Enriquez Rico señala que ambos tenían inicialmente el puesto de chofer.
“Durante la gestión de Lema Labadie, el primero fue promovido de ‘chofer de confianza’ a ‘asistente de funcionario nivel 7’, pero en el expediente 12830 del trabajador no hay los formatos de contratación o movimiento de personal de confianza y se dice que su último puesto era de “chofer de camioneta”.
En el segundo caso, el auditor señala: “Se identificó un escrito del entonces rector general José Lema, del 18 de marzo de 2009, mediante el cual solicita a la Dirección de Recursos Humanos incluir en nómina confidencial con la categoría de director administrativo nivel 3 al Sr. Francisco Enriquez Rico, quien funge como secretario particular del rector general, dependiente de la Rectoría General”.
En ambos casos, el documento de supervisión señala que se incumplieron los requisitos del Catálogo de Puestos para el desempeño de los cargos.
Debido a eso, el auditor calificó como “no procedente” el pago a los trabajadores.
El cálculo determinado para Francisco Luna Rojas (asistente de funcionario) fue de 1 millón 260 mil 337 pesos, mientras que la Auditoría estimó que sólo debieron ser 485 mil 346 pesos.
De Francisco Enriquez Rico, el auditor señala que el pago que se realizó como director administrativo categoría 3 fue de 1 millón 206 mil 291.37 pesos, mientras que sólo le correspondían 337 mil 249.96 pesos.
