La prórroga fija el 1 de julio de 2031 como fecha límite para la aplicación obligatoria del nuevo ordenamiento. El reto será aprovechar el tiempo adicional para fortalecer las capacidades institucionales y garantizar el acceso a la justicia.

Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.— El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ampliar hasta el 1 de julio de 2031 el plazo para la implementación obligatoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), con lo que se extiende el calendario previsto originalmente para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia civil y familiar en México.

La decisión representa un ajuste al proceso de transformación de la justicia cotidiana, que busca homologar las reglas procesales en todo el país e impulsar procedimientos más ágiles, la oralidad y el uso de herramientas tecnológicas en la impartición de justicia. El Código fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023.

La ampliación del plazo plantea nuevos desafíos para los poderes judiciales, las legislaturas y las instituciones involucradas en la implementación. Entre las tareas prioritarias se encuentran la capacitación del personal, la adecuación de la infraestructura, el fortalecimiento de los sistemas tecnológicos y la preparación de las condiciones operativas necesarias para aplicar el nuevo modelo.

En este contexto, el aplazamiento no debe entenderse como una pausa en los trabajos de implementación, sino como una oportunidad para consolidar avances, identificar áreas de mejora y desarrollar soluciones que respondan a las necesidades de la sociedad con los recursos disponibles.

Asimismo, el proceso exige una corresponsabilidad activa entre los poderes judiciales y el Poder Legislativo federal, a fin de coordinar esfuerzos, atender los retos normativos y operativos, y evitar que la ampliación del calendario se traduzca en un retraso innecesario en la modernización de la justicia.

Un punto central será el análisis del artículo sexto transitorio del Código Nacional, cuyo alcance debe examinarse a la luz de los ajustes aprobados y de las obligaciones institucionales que permanecen vigentes.

El desafío, por tanto, será convertir el tiempo adicional en una oportunidad para fortalecer la preparación institucional y avanzar hacia un sistema de justicia civil y familiar más accesible, eficiente y uniforme en beneficio de la ciudadanía.