La frialdad de los números ha demostrado, como en tantos otros rubros, el fracaso de uno de los programas más publicitados del sexenio de Felipe Calderón: Escuela Segura. A pesar de haber recibido recursos económicos por más de mil 85 millones de pesos, el endeble valor de sus resultados está a la vista.
Por un lado, una evaluación de la propia secretaría de Educación Pública encontró que en la mitad de los planteles que participaron “las condiciones de seguridad interna y externa mejoraron”, pero en un 20% de las escuelas las condiciones se mantuvieron igual y en un 30% empeoraron.
Es decir, según una autoevaluación este programa está “reprobado” pues sus efectos positivos apenas llegan a la mitad de las escuelas que se aplica. Una evaluación independiente seguramente arrojaría resultados más severos. El problema estriba en que, según encontró la Auditoría Superior de la Federación, no se logró “justificar metas e indicadores del programa. Tampoco en qué se utilizaron los recursos entregados a los estados”.
Estamos ante un severo problema heredado por el gobierno calderonista, en una doble vertiente. Por un lado, se trata de un asunto de falta de rendición de cuentas, de desprecio a las más elementales reglas de transparencia y de efectividad gubernamental. Es inaceptable que un presupuesto de tan alto calado simplemente sea tratado con criterios secretos y discrecionales, que no se pueda saber a dónde fueron a parar tan cuantiosos recursos.
Por otro, cuando vemos que el bullying, el narcomenudeo y la criminalidad en general se mantienen en niveles brutales, dentro y alrededor de nuestras escuelas, ¿cómo es justificable haber perdido un sexenio entero? Es necesario que los responsables sean llamados a cuentas de inmediato, no con un afán vengativo sino para evitar que esta situación persista y lanzar el claro mensaje que no se permitirá el manejo discrecional de los dineros públicos. No se trata de un error burocrático intrascendente, sino de un yerro en proteger lo más valioso de nuestro país: nuestros niños.
La solución, como en la gran mayoría de los temas de seguridad pública, pasa por involucrar a la sociedad en la implementación de programas y abandonar esquemas de unilateralidad gubernamental; la clave está en actuar con un ánimo concertador y transparente, en el que la fuerza democrática y comunitaria de los mexicanos —y no solo del Estado— sea el cimiento de la paz.
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