DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
* Existe un elemento que vuelve este caso particularmente delicado: antes de la ejecución, la FGR negó al periodista la protección que solicitó frente a las amenazas que denunciaba. El desenlace obliga a revisar con rigor las decisiones adoptadas y la eficacia de los mecanismos de protección.
* La paradoja es inevitable. La misma institución que determinó que el periodista no requería protección es encargada de aclarar un crimen que quizá pudo evitarse. Ese antecedente no convierte a la FGR en responsable del homicidio, pero eleva la exigencia sobre su actuación.
La ejecución del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar no solo representa un nuevo golpe contra la libertad de expresión en México. También coloca a la Fiscalía General de la República (FGR) frente a una prueba de credibilidad de la que difícilmente podrá salir airosa si no demuestra, con hechos y no con discursos, que está dispuesta a investigar hasta las últimas consecuencias.
Existe un elemento que vuelve este caso particularmente delicado: antes del homicidio, la FGR negó al periodista la protección que solicitó frente a las amenazas que denunciaba. Si esa negativa obedeció a una valoración equivocada del riesgo o a una deficiente actuación institucional, corresponde esclarecerlo. Lo cierto es que el desenlace obliga a revisar con rigor las decisiones adoptadas y la eficacia de los mecanismos de protección.
La primera responsabilidad del Estado es prevenir. Cuando esa prevención falla y la víctima termina asesinada, la obligación de investigar adquiere una dimensión aún mayor. Ya no basta con abrir una carpeta de investigación, realizar diligencias protocolarias o prometer justicia. La sociedad exige una investigación independiente, técnica, exhaustiva y transparente, capaz de disipar cualquier duda sobre la actuación de las autoridades.
La paradoja resulta inevitable. La misma institución que previamente determinó que el periodista no requería protección es ahora una de las encargadas de esclarecer un crimen que quizá pudo evitarse. Ese antecedente no convierte por sí mismo a la FGR en responsable del homicidio, pero sí eleva el estándar de exigencia sobre su actuación y hace indispensable que cualquier posible omisión administrativa sea revisada con objetividad.
México arrastra una dolorosa historia de violencia contra periodistas. Décadas de investigaciones inconclusas, autores intelectuales nunca identificados y sentencias que llegan tarde —cuando llegan— han erosionado profundamente la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia. La impunidad no solo priva de justicia a las víctimas; también envía un mensaje devastador a quienes ejercen el periodismo: investigar asuntos de interés público puede convertirse en una actividad de alto riesgo.
En ese contexto, el caso de Alejandro Leyva trasciende el ámbito individual. Lo que está en juego no es únicamente el esclarecimiento de un homicidio, sino la capacidad del Estado mexicano para demostrar que la protección de la libertad de expresión constituye una política pública efectiva y no una simple declaración de principios.
Por ello, la investigación debe agotar todas las líneas posibles, sobre todo la relacionada con su actividad periodística, al existir elementos que justifican esa hipótesis. También debe esclarecer si las amenazas denunciadas guardan relación con el crimen y si las autoridades actuaron con la diligencia debida frente a los riesgos advertidos. Cualquier conclusión prematura o investigación parcial solo alimentaría la desconfianza.
La democracia no se mide por los discursos oficiales, sino por la capacidad de sus instituciones para proteger a quienes cuestionan al poder y garantizar justicia cuando son víctimas de la violencia. Cada periodista asesinado sin una investigación eficaz representa una derrota para el Estado de derecho y un triunfo para quienes pretenden imponer el silencio mediante el miedo.
La FGR tiene hoy la oportunidad de demostrar que aprendió de sus errores y que está dispuesta a romper el ciclo de impunidad que durante años ha acompañado los crímenes contra periodistas. Si fracasa en ese propósito, no solo quedará pendiente la justicia para Alejandro Leyva; también se profundizará la percepción de que, en México, denunciar, investigar y ejercer el periodismo crítico sigue siendo una actividad cuya protección institucional resulta insuficiente.
El desafío no es únicamente encontrar a los responsables materiales. El verdadero reto consiste en ofrecer una investigación capaz de resistir el escrutinio público, nacional e internacional, porque cuando un periodista es asesinado después de haber advertido los riesgos que enfrentaba, la justicia deja de ser una obligación administrativa para convertirse en una exigencia moral de la República.
La ejecución de Alejandro Leyva no constituye únicamente un atentado contra la vida de un periodista. Representa una agresión directa contra la libertad de expresión, el derecho de la sociedad a estar informada y el Estado de derecho. Por ello, la investigación debe agotar todas las líneas de investigación, particularmente aquellas relacionadas con su actividad periodística, conforme a los estándares nacionales e internacionales de protección a periodistas.
En un país donde la impunidad continúa siendo uno de los mayores incentivos para la violencia contra la prensa, cualquier omisión, retraso o investigación deficiente profundizará la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de procurar justicia. Sin una indagatoria exhaustiva, imparcial y abierta al escrutinio nacional e internacional, persistirá la percepción de que el asesinato puede quedar impune.
El esclarecimiento pleno del crimen, la identificación de los autores materiales e intelectuales y la imposición de sanciones conforme a la ley no son solo una obligación jurídica de la FGR; constituyen una prueba decisiva de su compromiso con la legalidad y con la protección efectiva de la libertad de expresión.
De no actuar con absoluta transparencia, independencia y rigor científico, la negativa previa de brindar protección al periodista proyectará una sombra sobre toda la investigación y fortalecerá la percepción de que, una vez más, el asesinato de un periodista en México corre el riesgo de permanecer en la impunidad.
alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila
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