Oaxaca de Juárez, 26 de mayo de 2026.- La dirigencia del PRI Oaxaca compareció este martes ante medios de comunicación para lanzar acusaciones contra el gobierno federal y estatal en cinco frentes simultáneos: impunidad institucionalizada, represión magisterial, censura mediática, abandono de infraestructura rural y penetración del narcotráfico en comunidades indígenas.
La presidenta del CDE, Carmelita Ricardez, abrió con un respaldo explícito a Alejandro Moreno Cárdenas, quien impulsa ante el Congreso una reforma para inhabilitar de por vida a candidatos con nexos probados con el crimen organizado y cancelar el registro a partidos que reciban recursos ilícitos. “Es el único dirigente opositor que con valentía señala de frente al narcoestado”, afirmó.
Ricardez cuestionó además la reciente resolución de la SCJN que fijó en diez años la prescripción del delito de peculado. Para la dirigente, la medida fue diseñada a modo para blindar a funcionarios de Morena: “Ahora puso a sus jueces para que los defiendan.” La pregunta quedó en el aire: ¿quiénes exactamente se benefician de que ese reloj corra?
El secretario general, Jesús Madrid, tomó la palabra con indignación visible por los hechos del día anterior en la Ciudad de México, donde integrantes de la Sección 22 fueron violentados durante su movilización. “Con tristeza, un maestro pierde la vida”, dijo, recordando que varios actuales legisladores de Morena provienen del magisterio disidente y prometieron desde el Zócalo modificar la reforma educativa. Hoy, con mayoría en ambas cámaras, “ya no tienen pretexto alguno.” Madrid convocó a castigar esa traición en las urnas de 2027.
El secretario de Asuntos Electorales, Edwin Vásquez, abordó dos temas. Primero, el llamado de Sheinbaum a no ver TV Azteca: “Esto es coartar la libertad de expresión”, advirtió, señalando que si una declaración presidencial puede dirigirse contra una cadena nacional, los medios locales y comunitarios son aún más vulnerables en un país que ocupa el cuarto lugar mundial en peligrosidad para periodistas.
Sobre infraestructura, su diagnóstico fue demoledor: caminos secundarios destruidos en los 570 municipios, un túnel en la supercarretera a la costa colapsado desde hace casi dos años con casetas de cobro funcionando sin interrupción, y obras adjudicadas a empresas vinculadas a funcionarios. Denunció además que las auditorías a autoridades municipales derivan en acuerdos corruptos para maquillar irregularidades: “Les fregaron cinco millones de pesos y ahora tienen que poner uno o dos más para arreglarlos.”
La secretaria de Asuntos Indígenas, Felicitas Hernández, cerró con una alerta de seguridad pública: el narcomenudeo penetra comunidades de usos y costumbres reclutando jóvenes —a veces bajo amenaza— para distribuir droga por caminos cosecheros en motocicleta. “Los policías no están armados ni capacitados”, señaló, recordando que en municipios consuetudinarios la figura de seguridad son los topiles, sin capacidad real de enfrentar al crimen organizado. Hizo un llamado directo a madres de familia y autoridades comunitarias a no bajar la guardia.
Ricardez complementó el señalamiento con un argumento político: al canalizar recursos públicos directamente a jóvenes —sustituyendo programas como Prospera que beneficiaban a madres de familia— el gobierno estaría comprando votos mientras destruye el tejido familiar. “Morena no gobierna para que le vaya bien a México. Gobierna para permanecer en el poder a cualquier costo, y ese precio lo paga el pueblo.”
Por su parte la dirigencia dejó al aire las siguientes preguntas a los gobernantes: ¿Por qué la SCJN limitó la prescripción del peculado justo cuando funcionarios del sexenio anterior están en la mira? ¿Cuándo se resolverá el colapso del túnel en la supercarretera a la costa con casi dos años de abandono? ¿Qué mecanismos concretos protegen a las comunidades indígenas ante el avance del narcomenudeo? ¿Bajo qué criterios se asignan las obras públicas en Oaxaca?
El PRI Oaxaca, con Carmelita Ricardez a la cabeza y en plena sintonía con los posicionamientos nacionales de Alejandro Moreno Cárdenas, apuesta a que esas preguntas sin respuesta sean el combustible de su regreso en 2027. Si el gobierno no contesta con hechos, la ciudadanía lo hará en las urnas.
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